Guyana será el país que más crecerá este año según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI): 57,8%.

Se trata de un crecimiento sostenido: el mercado caribeño despuntó en el pandémico 2020 con un +43,5%; “desaceleró” en 2021 (+23,8%) y más que duplicará ese registro este año.

La única explicación para el “caso Guyana” es el éxito de la actividad petrolera offshore.

Con un PBI (medido en poder de paridad de compra) de US$ 33.760 millones, este año los ingresos petroleros sumarán US$ 1000 millones (el doble de lo generado en 2021).

La proyección asciende a US$ 7500 millones en 2030 según la consultora Rystad, citada por Econojournal.

Y el pico estimado equivale al actual 50% del PBI del país caribeño: en 2036, esperan ingresos por US$ 16.000 millones.

Así, y sin contar las reservas no descubiertas, el futuro del país caribeño será el del cuarto productor mundial dentro de 15 años, con 1,7 millón de barriles diarios producidos en alta mar, sólo superado por Estados Unidos, México y Noruega.

Guyana deberá demostrar estabilidad, seguridad jurídica y transparencia en los años por venir para que las empresas responsables de la exploración y explotación mantengan inversiones.

Nada que envidiar.

Todo que envidiar La Argentina no tiene nada que envidiarle a Guyana.

Sus reservas en el lecho marino de la Cuenca Argentina Norte (CAN) son tantas que hay un país riquísimo esperando dentro de unos años, capaz de olvidarse de todos los trastornos macroeconómicos endémicos.

Pero ni Guyana podemos ser.

Y en realidad tenemos todo para envidiarla.

El ombliguismo político argentino, que necesita alardear en el concierto global de sus particularidades psicopatológicas, nos aleja cada vez más de los “potenciales”.

Esperamos el gasoducto de Vaca Muerta.

No tenemos logística para litio.

Pero tenemos frenos ambientalistas preventivos, impulsados por estadistas que ventajean en el cortoplacismo.

Empresas como YPF, Equinor y Shell -e incluso el Gobierno- deben someter sus estudios, credenciales y trayectoria a la justicia y a la ciudadanía porque el intendente Guillermo Montenegro se apresuró a poner reparos sobre los controles antes, incluso, de que lleguen los barcos para las primeras tareas.

Con su amparo le abrió las puertas a organizaciones de todo color y frenó una marcha antes de que largue hasta que la semana última, finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones autorizó la exploración.

No hay que ser experto para imaginar el exorbitante costo e inversión que implica movilizar buques, remolcadores, insumos, recursos, plataformas y personal a alta mar.

Nadie invertiría US$ 100 millones de dólares, en la Argentina, a 315 kilómetros de tierra firme, sin certezas de que los recursos están.

Menos lo hará en un tema con impacto directo en la sensibilidad global -como la actividad petrolera offshore- sin la previsión y resguardos suficientes.

La actividad offshore no es una novedad en la Argentina, que arrastra 90 años de exploración en el mar austral, con casi 190 plataformas activas, y sin incidentes significativos del que se tenga registro.

Tampoco es una actividad para improvisados: la noruega Equinor está presente en el 2°, 4° y 6° bloque offshore más importante del mundo: en su país explora la Fase 1 del Johan Sverdrup, el proyecto más importante de Noruega de los próximos 50 años; el Johan Castberg en el Mar de Barents, que empieza a producir este año y es rentable hasta con un barril de crudo por debajo de los US$ 35, y la Fase 2 del Johan Sverdrup.

Sin gravitación Pero a juzgar por la cautelar otorgada oportunamente, parece que no tiene gravitación alguna ni la historia ni el presente de la industria petrolera nacional y extranjera.

YPF y Equinor anticiparon que podrían producirse 200.000 barriles diarios a partir de la actividad en el bloque CAN 100, donde también participa Shell.

Es el equivalente al 35% de la producción actual de petróleo en el país.

Y pidieron permiso para empezar a perforar porque advierten que el yacimiento marítimo contaría con una capacidad equivalente a los 1000 millones de barriles.

Con un valor actual de US$ 80 el barril, el mar argentino podría darle al país empleo, logística, producción y exportación… En definitiva, un desarrollo económico y social equivalentes a US$ 80.000 millones.

Pero hay otros 20 yacimientos… Números que la Argentina hoy sólo puede soñar.

Subsumido a la política Durante todo 2022, todo esto fue subestimado y quedó subsumido a la raquítica agenda política argentina que, antes narcortizada por las encuestas y ahora por los trending topics de redes sociales, despliega el tablero de los escrúpulos y lanza los dados, apegada al único horizonte del calendario electoral.

Hoy resulta funcional el discurso amigable con el medio ambiente.

Y los equipos, las tecnologías, el conocimiento científico y empírico de geólogos e ingenieros de compañías especializadas se someten al escrutinio de la suposición.

La cautelar otorgada fue apelada y la justicia debía resolver la situación.

Pero se demoró.

Y el buque de prospección de Equinor (BPG Prospector), que aguardó días en Montevideo la decisión, se fue del país.

Cada día de un buque de estas características tiene un costo operativo de más de US$ 80.000.

A Montenegro le preocuparía menos la contaminación histórica y actual del cementerio de barcos hundidos y semihundidos en el puerto de la ciudad que administra que la eventualidad que pueda darse en el mar argentino.

Lejos de comandar esta reparación ambiental, parece proyectar la incapacidad política en las empresas concesionarias ante la probabilidad de que un derrame ocurra.

A pesar de que sobre ellas recaen controles más estrictos y exigibles que los que pesan sobre la administración pública.

Hoy la política capitaliza la viralización del ambientalismo.

Lo curioso es que el partido de Montenegro promovió la actividad en 2018, al licitar las áreas de exploración y prospección offshore.

Lo que el ojo puede ver, lo que no Contaminación portuaria al margen, de acuerdo con el Indec, en el relevamiento de núcleos urbanos de más de 500.000 habitantes, Mar del Plata es el de mayor desocupación del país: 8,6%.

“Uno siempre piensa en la generación de empleo.

Creo que la primera parte, de exploración, no va a generar un boom”, dijo Montenegro que “celebró” el levantamiento de la cautelar.

El fallo habría tranquilizado a la política marplatense, porque se pidió incluir al equipo “Pampa Azul” como observadores, mantener 50 kilómetros de distancia del “Agujero Azul” y cuidar el Monumento Natural Ballena Franca.

Lo que no se sabe es si lograron tranquilizar a los que todavía creen que el turismo se verá afectado por lo que sucede a 350 kilómetros mar adentro.

El ojo humano tiene una visión limitada a los 5 kilómetros.

Es más asequible la visión del desempleo y los barcos hundidos contaminando que una plataforma petrolera en altamar.

Nada hace pensar que esta historia termina acá.

Los profesionales de la política estarán siempre al acecho oportunista.

Según sean oficialismo u oposición.

Imagen de portada: “Open Ocean” de Anderson Mancini, bajo licencia CC BY 2.0.

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